Mari Luz Cortés era una niña gitana que fue asesinada presuntamente por Santiago del Valle, un pedófilo reincidente condenado a dos penas de cárcel que no habían sido ejecutadas.
Estas dos penas forman parte de las 270.000 sentencias de lo penal pendientes de ejecución, cantidad revelada por el informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), realizado y publicado recientemente a raíz de este hecho escandaloso.
El mismo informe del CGPJ achaca los retrasos a causas relacionadas con la movilidad de los funcionarios, la falta de experiencia y formación, la descoordinación y la inexistencia de un sistema informático que permita facilitar el seguimiento de las distintas fases procesales de las ejecutorias. Nada, al parecer, imposible de resolver.
Cabría preguntarse: ¿por qué ha hecho falta que muera una inocente para ordenar una investigación al respecto? ¿Cómo es que a estas alturas, en un país desarrollado como España, la Administración de justicia no dispone de un sistema informático adecuado y moderno? ¿Por qué no se ha formado suficientemente al personal? ¿Cuántos delincuentes andan sueltos.
Manuel Navarro Seva
Publicada en EL PAÍS el 21.5.2008
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