Los datos de 2006 publicados por el Ministerio de Sanidad y Consumo referentes al aborto indican que en España hubo 101.592 interrupciones voluntarias del embarazo (IVE’s). El 2,51% se realizaron en hospitales públicos y el 97,49% en centros privados.
Hubo 135 centros en toda España (43 públicos y 92 privados) que notificaron IVE’s. En la comunidad de Navarra no hubo ninguna notificación, pero 651 residentes en esta comunidad abortaron fuera de ella, y en las comunidades de Castilla y León, Castilla la Mancha, Extremadura y Murcia sólo se realizaron IVE’s en centros privados.
Hace como un mes leí que en ocho comunidades autónomas (Cantabria, País Vasco, La Rioja, Canarias, Extremadura, Castilla la Mancha, Aragón y Baleares) no se ofrece ningún tipo de financiación pública, lo que obliga a las mujeres a pagarse el aborto de su bolsillo salvo que tengan la suerte de formar parte de ese escasísimo 2,51% que consiguen ser intervenidas en un hospital público.
El Gobierno, con el reciente real decreto sobre confidencialidad de los datos de las mujeres que interrumpen voluntariamente su embarazo, da un paso para la reforma prometida de la ley; pero no debería olvidar que el aborto, en las condiciones legalmente establecidas, debe ser un servicio más de la sanidad pública, como lo son las operaciones de corazón o de cadera, gobierne quien gobierne en el país y en cada comunidad autónoma.
¿O no es verdad que todos somos iguales ante la ley y la ley es igual para todos?
Manuel Navarro Seva.
Publicada en EL PAÍS el 17.7.2008
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